Sopesa los costes de un litigio que comenzaría en Argentina y podría prolongarse durante siete u ocho años más.
El pleito tendría que empezar en Argentina, donde es probable que le dieran la razón al Gobierno de aquel país.
Cuando está a punto de cerrarse el proceso de expropiación de Aerolíneas Argentinas, los propietarios del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, se plantean renunciar a la vía judicial para exigir el cumplimiento del contrato que tienen firmado con el Gobierno argentino para la venta de su participada.
Según explicó a ABC Gerardo Díaz Ferrán, el pasado julio su grupo llegó a un acuerdo con el Ejecutivo de Cristina Kirchner por el cual se daban un plazo de sesenta días para realizar dos valoraciones, una por cada parte, para calcular el precio de la compañía. Además en el contrato firmado se fijó que en el caso de que hubiera discrepancias entre las dos valoraciones se acudiría al arbitraje internacional para que un tercero independiente calculara el valor de la empresa.
Incumplimiento de contrato
El grupo Marsans encargó la valoración a Credit Suisse, que fijó un precio para Aerolíneas Argentinas de entre 300 y 500 millones de euros. El Gobierno argentino, por su parte, calculó que la compañía valía -500 millones de euros, y así se quedaría con Aerolíneas sin abonar ni un solo euro.
Ante estas discrepancias, y según el contrato firmado, se tendría que haber recurrido al arbitraje internacional pero fue entonces cuando el Gobierno de Cristina Kirchner puso en marcha el proceso de expropiación de Aerolíneas que está a punto de recibir el visto bueno definitivo del Congreso y del Senado argentino.En esta situación, y con el citado contrato firmado, el grupo español puede recurrir a los tribunales y exigir una tercera valoración que le permitiría obtener alguna compensación económica por la expropiación de su compañía. El grupo Marsans encargó la valoración a Credit Suisse, que fijó un precio para Aerolíneas Argentinas de entre 300 y 500 millones de euros.
Sin embargo, Díaz Ferrán explicó a este periódico que se están planteando renunciar al proceso judicial. Detalló que el pleito tendría que empezar en Argentina, donde es probable que le dieran la razón al Gobierno de Cristina Kirchner, con lo que después habría que recurrir a los tribunales internacionales. El proceso podría prolongarse durante seis u ocho años y los costes judiciales serían elevados. De ahí que Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual estén sopesando si les merece la pena empezar este largo proceso ya que quizás los costes podrían incluso superar el dinero que pudieran finalmente recuperar.
Previamente al intento de compra por el Gobierno argentino y la posterior nacionalización de la aerolínea, la presidenta Cristina Kirchner trató de imponer al grupo turístico español la entrada de empresarios locales en el capital de la compañía. De hecho hubo negociaciones con Juan Carlos López Mena, el empresario naval más destacado del país andino. López Mena llegó incluso a anunciar a los medios de comunicación argentinos que ya había un acuerdo para que él tomara un 37% del capital de Aerolíneas y que el Estado argentino y los empleados subieran del 5 al 30% su participación, de forma que los empresarios españoles, dueños del 95% de la sociedad, quedaran en minoría. Además, Kirchner presionó a los empresarios españoles prohibiéndoles subir las tarifas de la compañía aérea.
Finalmente, el Gobierno argentino decidió tirar por la vía más dura y nacionalizar la empresa.
Aerolíneas Argentinas, que antes que a Marsans (2001), perteneció a Iberia -cuando era empresa pública- y a la Sepi ha costado a las arcas públicas españolas al menos 2.600 millones, incluidos los desembolsos a los últimos propietarios.
Autor: S. Alcelay, Y. Gómez
Fuente: www.abc.es
El pleito tendría que empezar en Argentina, donde es probable que le dieran la razón al Gobierno de aquel país.
Cuando está a punto de cerrarse el proceso de expropiación de Aerolíneas Argentinas, los propietarios del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, se plantean renunciar a la vía judicial para exigir el cumplimiento del contrato que tienen firmado con el Gobierno argentino para la venta de su participada.
Según explicó a ABC Gerardo Díaz Ferrán, el pasado julio su grupo llegó a un acuerdo con el Ejecutivo de Cristina Kirchner por el cual se daban un plazo de sesenta días para realizar dos valoraciones, una por cada parte, para calcular el precio de la compañía. Además en el contrato firmado se fijó que en el caso de que hubiera discrepancias entre las dos valoraciones se acudiría al arbitraje internacional para que un tercero independiente calculara el valor de la empresa.
Incumplimiento de contrato
El grupo Marsans encargó la valoración a Credit Suisse, que fijó un precio para Aerolíneas Argentinas de entre 300 y 500 millones de euros. El Gobierno argentino, por su parte, calculó que la compañía valía -500 millones de euros, y así se quedaría con Aerolíneas sin abonar ni un solo euro.
Ante estas discrepancias, y según el contrato firmado, se tendría que haber recurrido al arbitraje internacional pero fue entonces cuando el Gobierno de Cristina Kirchner puso en marcha el proceso de expropiación de Aerolíneas que está a punto de recibir el visto bueno definitivo del Congreso y del Senado argentino.En esta situación, y con el citado contrato firmado, el grupo español puede recurrir a los tribunales y exigir una tercera valoración que le permitiría obtener alguna compensación económica por la expropiación de su compañía. El grupo Marsans encargó la valoración a Credit Suisse, que fijó un precio para Aerolíneas Argentinas de entre 300 y 500 millones de euros.
Sin embargo, Díaz Ferrán explicó a este periódico que se están planteando renunciar al proceso judicial. Detalló que el pleito tendría que empezar en Argentina, donde es probable que le dieran la razón al Gobierno de Cristina Kirchner, con lo que después habría que recurrir a los tribunales internacionales. El proceso podría prolongarse durante seis u ocho años y los costes judiciales serían elevados. De ahí que Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual estén sopesando si les merece la pena empezar este largo proceso ya que quizás los costes podrían incluso superar el dinero que pudieran finalmente recuperar.
Previamente al intento de compra por el Gobierno argentino y la posterior nacionalización de la aerolínea, la presidenta Cristina Kirchner trató de imponer al grupo turístico español la entrada de empresarios locales en el capital de la compañía. De hecho hubo negociaciones con Juan Carlos López Mena, el empresario naval más destacado del país andino. López Mena llegó incluso a anunciar a los medios de comunicación argentinos que ya había un acuerdo para que él tomara un 37% del capital de Aerolíneas y que el Estado argentino y los empleados subieran del 5 al 30% su participación, de forma que los empresarios españoles, dueños del 95% de la sociedad, quedaran en minoría. Además, Kirchner presionó a los empresarios españoles prohibiéndoles subir las tarifas de la compañía aérea.
Finalmente, el Gobierno argentino decidió tirar por la vía más dura y nacionalizar la empresa.
Aerolíneas Argentinas, que antes que a Marsans (2001), perteneció a Iberia -cuando era empresa pública- y a la Sepi ha costado a las arcas públicas españolas al menos 2.600 millones, incluidos los desembolsos a los últimos propietarios.
Autor: S. Alcelay, Y. Gómez
Fuente: www.abc.es
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