El primer paso de Aerolíneas Argentinas (AA), una vez concretado su regreso a manos del Estado argentino 18 años después, consistirá en satisfacer la deuda de 15 millones de dólares que mantiene con Iberia. El digital clarin.com destaca la paradoja de que la misma empresa española que ingresó como operadora de Aerolíneas en noviembre de 1990 (y a la cual todos los gremios aeronáuticos acusaron en su día de vaciamiento), sea hoy la única acreedora.
Con el pago de esa deuda, aseguran fuentes del Gobierno, Aerolíneas cerraría el concurso de acreedores abierto en mayo de 2001 y regresaría con ello al ‘clearing’ internacional de pasajes. Una de las consecuencias más importantes sería reingresar en la Asociación Internacional de Aviación (IATA), que es el sistema de compensación financiera entre todas las aerolíneas internacionales. A medio plazo se podría negociar el ingreso en una alianza internacional como Star Alliance, que lidera United Airlines", agregan las fuentes.
El Grupo Marsans cedió al Estado el 17 de julio la gerencia de Aerolíneas y Austral en el marco del Acta Acuerdo, que luego fue desconocida por la ley de rescate que votó el Congreso. Ahora los legisladores del Frente Para la Victoria están avanzando con su propio proyecto de expropiación.
El proyecto que declara de utilidad pública ambas empresas será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados.Una vez que Aerolíneas y Austral sean expropiadas, sus ejecutivos, encabezados por Julio Alak, encararán una negociación a medio plazo por una deuda "exigible" que en realidad es muy inferior a los cerca de mil millones de dólares que siempre fueron esgrimidos como uno de los argumentos para justificar la estatalización. La deuda comercial se estima en 127,3 millones de dólares.Negociación secretaPor otro lado y según criticadigital.com, el Gobierno y el Grupo Marsans mantienen un canal de diálogo en la más estricta reserva.
El objetivo es que los españoles retengan el 20 por ciento del paquete accionarial de Aerolíneas y Austral y que se dejen de lado todas las amenazas de juicios en tribunales extranjeros contra el país y demandas penales contra los directivos españoles. La apertura del diálogo está relacionada con la presión ejercida por el presidente Rodríguez Zapatero.
Fuente: http://www.preferente.com
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