La extensa y ardua historia de Aerolíneas Argentinas y Austral en poder de manos privadas culminó definitivamente con la publicación de la ley de expropiación en el Boletín Oficial. La ley 26.466 sancionada por el Congreso el pasado 17 de este mes y promulgada el 22 fue dada a conocer oficialmente por el Gobierno nacional, por lo que las empresas aerocomerciales ya pertenecen íntegramente al Estado argentino.
En su artículo primero, la ley declara de “utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece la Ley 21.499”, las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, junto a sus empresas controladas.
A su vez, remarca que el Ejecutivo pone en vigencia lo sancionado por el Congreso con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas.
Asimismo, explica que será el Gobierno el encargado de instrumentará los mecanismos necesarios para cubrir las necesidades financieras, tanto de Aerolíneas como de Austral.
Establece también un plazo de 180 días para la formulación de un “Plan General de negocios, estratégico y operativo de mediano y largo plazo”, que será informado a la Comisión Bicameral. Ese plan debe “contemplar, especialmente, las necesidades de aquellas regiones del país que dependan de manera fundamental del transporte aéreo”.
En tanto, autoriza el traspaso de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las empresas aerocomerciales. Ese traspaso podrá concretarse por un máximo del 10% de sus paquetes accionarios, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada. Finalmente, dice que el Ejecutivo “instrumentará todos los mecanismos que la ley provee a fin de discriminar los pasivos generados por las operaciones normales de las empresas”.
Por ello, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner tendrá las facultades necesarias para discernir entre los pasivos que se hubiesen originado “en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores”.
Fuente: /www.ciudadanodiario.com.ar
En su artículo primero, la ley declara de “utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme lo establece la Ley 21.499”, las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, junto a sus empresas controladas.
A su vez, remarca que el Ejecutivo pone en vigencia lo sancionado por el Congreso con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas.
Asimismo, explica que será el Gobierno el encargado de instrumentará los mecanismos necesarios para cubrir las necesidades financieras, tanto de Aerolíneas como de Austral.
Establece también un plazo de 180 días para la formulación de un “Plan General de negocios, estratégico y operativo de mediano y largo plazo”, que será informado a la Comisión Bicameral. Ese plan debe “contemplar, especialmente, las necesidades de aquellas regiones del país que dependan de manera fundamental del transporte aéreo”.
En tanto, autoriza el traspaso de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las empresas aerocomerciales. Ese traspaso podrá concretarse por un máximo del 10% de sus paquetes accionarios, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada. Finalmente, dice que el Ejecutivo “instrumentará todos los mecanismos que la ley provee a fin de discriminar los pasivos generados por las operaciones normales de las empresas”.
Por ello, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner tendrá las facultades necesarias para discernir entre los pasivos que se hubiesen originado “en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores”.
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