Fue una horrible tragedia seguida de una venganza sangrienta. 71 muertos, la mayoría niños y jóvenes rusos que volaban a Barcelona desde Moscú, por el choque en pleno vuelo de un Tupolev con un Boeing 757 sobre Überlingen, junto al lago Constanza, en Alemania. Ocurrió el 1 de julio de 2002. El controlador aéreo que vigilaba ese sector fronterizo con Suiza fue asesinado año y medio después por un hombre que perdió a sus dos hijos y a su esposa en el accidente. Peter Nielsen, apuñalado en su casa de Zúrich, donde vivía con su mujer y sus dos hijos, no fue responsable del accidente, sino el gigante estadounidense Honeywell y uno de los mayores fabricantes de equipos aeronáuticos ACSS.
La Audiencia de Barcelona dictó la semana pasada una sentencia que, en aplicación de la legislación estadounidense, obliga a ambas compañías a abonar entre tres y 11 millones de dólares (de 2,3 a 8,6 millones de euros) a cada una de las 30 familias afectadas que reclamaron en este proceso, lo que multiplica por al menos 15 la indemnización fijada por el juzgado de primera instancia, de algo menos de 200.000 dólares por fallecido. En total los fabricantes deberán pagar 66 millones de dólares, y las costas procesales de sus recursos.
La sentencia concluye que existe una “relación de causalidad exclusiva directa entre los defectos de diseño, fabricación e información del TCAS [sistema de aviso y elusión de colisión] y el accidente de Überlingen”, y que “pocos reproches caben hacer a la tripulación” del Tupolev, que siguió las indicaciones del controlador en vez de las del TCAS. Además, asegura que “incluso el mal funcionamiento del centro de Control Aéreo de Zúrich, gestionado por Skyguide, no fue el causante final de la colisión”.
El informe técnico de la Oficina Federal de Investigación de Accidentes de Aviación (BFU) concluyó que el controlador no se percató a tiempo de que los dos aviones se estaban acercando y que la instrucción al Tupolev de descender la dio cuando la separación necesaria con el Boeing no se podía garantizar. Entre las causas sistémicas, la BFU señala que se permitió que hubiese un solo controlador en el sector de Zúrich. Cuatro directivos de Skyguide fueron condenados a 12 meses de cárcel en Suiza porque la conducta negligente de la compañía de control aéreo contribuyó al "homicidio múltiple".
El texto de la sentencia es “muy severo”, dice el abogado de los demandantes Carlos Villacorta, que recuerda cómo Vasily Kaloyev, el hombre que mató al controlador aéreo y cuya representación declinó su despacho, BCV Abogados, fue recibido como un héroe en Osetia del Norte tras salir de prisión en noviembre de 2007. El tribunal reprocha a las empresas que “durante cuatro años” antes del accidente, los fabricantes de TCAS conocían la gravedad de los problemas de diseño del software especificados en las cuestiones de seguridad detectadas y no hicieron nada”.
En concreto, Eurocontrol, el organismo europeo responsable de la seguridad y coordinación del tráfico aéreo, comenzó una investigación en enero de 2000 (dos años antes del accidente) en la que se puso de manifiesto que el TCAS no resolvía correctamente el conflicto cuando uno de los pilotos implicados en un suceso de pérdida de separación sigue las indicaciones del sistema y el otro no. Justo lo que ocurrió en Überlingen: el piloto del Tupolev, de la compañía Bashkirian Airlines, siguió las instrucciones del controlador (descender, lo contrario de lo que indicaba el TCAS) mientras el del Boeing, de la compañía DHL, hizo lo que le pedía el TCAS (descender). Y justo lo que había ocurrido en enero de 2001 (año y medio antes) en Yaizu (Japón), en el que solo hubo heridos.
Ambos sucesos “se podrían haber evitado” con una versión posterior de ese sistema de alerta y elusión, que ya tenía en cuenta ese escenario y no daba por hecho que los pilotos siempre iban a seguir las indicaciones del TCAS y no otras.
El hecho de que haya sido el tribunal catalán el que dicte sentencia por un caso ocurrido a ciudadanos rusos en Alemania se debe a que Barcelona era el destino de la mayoría de las víctimas y a que Honeywell y ACSS evitaron que el caso lo llevase un tribunal de Nueva Jersey (EEUU) utilizando una figura jurídica inexistente en el derecho español (forum non conveniens). “Pensaban que así lograban que se aplicase el derecho español y no el de Arizona y Nueva Jersey”, dice Villacorta. Pero el Convenio de La Haya lo permite, incluso cuando uno de los estados no lo ha ratificado (como sucede con EEUU) y el otro sí (España).
Así que el tribunal aplica las “prácticas judiciales” del otro lado del Atlántico, mucho más generosas en las indemnizaciones que las habituales en España. Las indemnizaciones deben pagarse a partes iguales por ACSS y Honeywell (que vendió su división de TCAS en 2000) excepto en los casos en que los afectados llegaron a un pacto con esta última y aceptaron el pago señalado en primera instancia.
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