Depende del resultado de la dura negociación con el grupo Marsans. La expropiación de las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral está prácticamente congelada.
Si bien son controladas hace más de nueve meses por el Gobierno, el cual destinó no menos de 300 millones de dólares de fondos públicos para cubrir sus pérdidas mensuales, Aerolíneas y Austral siguen siendo en casi su totalidad propiedad del grupo español Marsans. Y no hay indicios de que vayan a cambiar de manos, al menos en el corto plazo.
El trámite judicial de expropiación está a cargo de la Procuración Nacional del Tesoro, desde donde -ante una consulta de este diario- se aseguró que no se registraron "avances" en la causa, que había sido presentada en febrero con carácter de "juicio sumarísimo".
Otras fuentes oficiales, más próximas al Ministerio de Planificación, sugirieron que la expropiación simplemente está en suspenso: "Si hay un acuerdo con Marsans, la expropiación se levanta. Y si no hay acuerdo, entonces se ejecuta", agregaron. A fines de diciembre, el Senado convirtió en ley el proyecto que declaró "sujetas a expropiación" las acciones de Aerolíneas y Austral en poder de Interinvest, la empresa del grupo Marsans que es dueña del 94,41% de Aerolíneas y 97% de Austral.
Casi en paralelo, Marsans presentó una denuncia contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la sanción de una ley de "confiscación de acciones" que, hasta ahora, no se concretó.
Pero a la vez que presentaba su denuncia contra la Argentina, Marsans propuso al Gobierno que se hiciera cargo de al menos una parte de un multimillonario contrato que los españoles habían firmado el año anterior con la fabricante de aviones Airbus.
Esa negociación, que hasta el momento sigue vigente, consiste en el traspaso del compromiso de compra de entre 30 y 35 aviones Airbus, para equipar a Aerolínas y Austral, según admitió en febrero el Secretario de Transportes, Ricardo Jaime. Marsans quedaría libre de adquirir esas aeronaves, que representarían un compromiso de inversión de no menos de 2.000 millones de dólares, a pagar en un plazo de diez a quince años.
En compensación, Marsans retiraría su demanda contra el Estado y entregaría las acciones de Aerolíneas y Austral. Según aseguran fuentes del Gobierno argentino, de esa negociación también participaron funcionarios de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, interesados en que se cierre en forma amistosa el más conflictivo de los vínculos entre una empresa de capitales españoles y el gobierno de los Kirchner.
La continuas disputas con Marsans, de hecho, marcaron la agenda de todos los encuentros bilaterales desde mediados de 2006. Cuando las negociaciones llegaron a ese punto el juicio impulsado por la Procuración dejó de avanzar.
El último trámite concreto fue la notificación de Marsans de su "no avenimiento" a entregar de manera voluntaria las acciones de las dos líneas aéreas al Estado, a mediados de febrero. Pero las negociaciones con Airbus ahora también están estancadas, ya que La Caixa, el poderoso grupo financiero cercano al gobernante PSOE español, habría mostrado reparos para financiar la operación.
En estos momentos, la tarea de persuadir a los funcionarios españoles sobre la conveniencia de conseguir un agente financiero habría recaído sobre los hombros del embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini. "Se está trabajando bien con la Embajada", agregaron fuentes cercanas al noveno piso del Palacio de Hacienda, donde está Planificación.
Fuente: http://www.clarin.com
Si bien son controladas hace más de nueve meses por el Gobierno, el cual destinó no menos de 300 millones de dólares de fondos públicos para cubrir sus pérdidas mensuales, Aerolíneas y Austral siguen siendo en casi su totalidad propiedad del grupo español Marsans. Y no hay indicios de que vayan a cambiar de manos, al menos en el corto plazo.
El trámite judicial de expropiación está a cargo de la Procuración Nacional del Tesoro, desde donde -ante una consulta de este diario- se aseguró que no se registraron "avances" en la causa, que había sido presentada en febrero con carácter de "juicio sumarísimo".
Otras fuentes oficiales, más próximas al Ministerio de Planificación, sugirieron que la expropiación simplemente está en suspenso: "Si hay un acuerdo con Marsans, la expropiación se levanta. Y si no hay acuerdo, entonces se ejecuta", agregaron. A fines de diciembre, el Senado convirtió en ley el proyecto que declaró "sujetas a expropiación" las acciones de Aerolíneas y Austral en poder de Interinvest, la empresa del grupo Marsans que es dueña del 94,41% de Aerolíneas y 97% de Austral.
Casi en paralelo, Marsans presentó una denuncia contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la sanción de una ley de "confiscación de acciones" que, hasta ahora, no se concretó.
Pero a la vez que presentaba su denuncia contra la Argentina, Marsans propuso al Gobierno que se hiciera cargo de al menos una parte de un multimillonario contrato que los españoles habían firmado el año anterior con la fabricante de aviones Airbus.
Esa negociación, que hasta el momento sigue vigente, consiste en el traspaso del compromiso de compra de entre 30 y 35 aviones Airbus, para equipar a Aerolínas y Austral, según admitió en febrero el Secretario de Transportes, Ricardo Jaime. Marsans quedaría libre de adquirir esas aeronaves, que representarían un compromiso de inversión de no menos de 2.000 millones de dólares, a pagar en un plazo de diez a quince años.
En compensación, Marsans retiraría su demanda contra el Estado y entregaría las acciones de Aerolíneas y Austral. Según aseguran fuentes del Gobierno argentino, de esa negociación también participaron funcionarios de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, interesados en que se cierre en forma amistosa el más conflictivo de los vínculos entre una empresa de capitales españoles y el gobierno de los Kirchner.
La continuas disputas con Marsans, de hecho, marcaron la agenda de todos los encuentros bilaterales desde mediados de 2006. Cuando las negociaciones llegaron a ese punto el juicio impulsado por la Procuración dejó de avanzar.
El último trámite concreto fue la notificación de Marsans de su "no avenimiento" a entregar de manera voluntaria las acciones de las dos líneas aéreas al Estado, a mediados de febrero. Pero las negociaciones con Airbus ahora también están estancadas, ya que La Caixa, el poderoso grupo financiero cercano al gobernante PSOE español, habría mostrado reparos para financiar la operación.
En estos momentos, la tarea de persuadir a los funcionarios españoles sobre la conveniencia de conseguir un agente financiero habría recaído sobre los hombros del embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini. "Se está trabajando bien con la Embajada", agregaron fuentes cercanas al noveno piso del Palacio de Hacienda, donde está Planificación.
Fuente: http://www.clarin.com
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