Fuente: http://www.clarin.com/diario/2008/09/09/elpais/p-01756135.htm
Algunos, minuciosos legisladores de la oposición señalan un detalle que notaron durante el informe que directivos del Grupo Marsans, todavía autotitulado dueño de Aerolíneas Argentinas, hicieron en Diputados. "Fueron con un abogado especializado en juicios en el CIADI, también ligado a los bonistas. Uno que no intervino en el Acta que Marsans firmó con Jaime".El CIADI es un organismo del Banco Mundial donde se dirimen demandas como la que Marsans puede llegar a entablarle a la Argentina, al amparo del "Tratado de Promoción y Protección de las Inversiones", firmado por Menem con España en la era de las privatizaciones y avalado por la ley 24.118. El Acta es el documento mediante el cual el Gobierno se comprometió a negociar con Marsans el precio de Aerolíneas y Austral. Y Jaime (Ricardo), el secretario de Transporte que rubricó el Acta. El Acta no fue anulada por la ley que aprobó la reestatización. Aun así y sin que se sepa cuál será finalmente, por esa ley el único precio que vale es el que fije el Tribunal de Cuentas de la Nación; siempre que sea ratificado por el Congreso. Pero negociaciones entre Jaime y Marsans por la valuación de las compañías hay. Según comentario del mundillo letrado, el secretario de Transporte habría contratado a tres estudios de abogados para que lo asesoren en esas tratativas: se dice que a través de un hombre de su confianza y al tanto de todos los pormenores del proceso. Alguien que tiempo atrás habría sostenido que Alberto Fernández "no era interlocutor válido", porque "el poder está en otra parte". Otro comentario, esta vez de fuentes interiorizadas de las conversaciones, es que Marsans ya le habría puesto precio a las dos empresas: 200 millones de dólares. O sea, nada parecido a la valuación cero que pretenden los legisladores oficialistas.Sin embargo, dentro del propio Gobierno, hay quienes sostienen que Jaime y su jefe, Julio De Vido, carecen de potestades para negociar un arreglo con Marsans. Que esas atribuciones las tiene el Ministerio de Economía, porque allí están las acciones del Estado en Aerolíneas. Y que, consecuentemente, lo que arregle Jaime no tiene ninguna validez.Una contribución al barullo general la aporta el proyecto de ley original que, con la firma de la Presidenta, el Poder Ejecutivo mandó al Congreso: sólo porque choca contra la opinión de quienes desestiman al tandem Jaime--De Vido. Dice que el Acta con Marsans fue suscripta por el Secretario de Transporte "en representación del Estado Nacional" y "refrendada por el Ministro de Planificación". Y eso tiene valor de documento oficial, a los efectos más diversos.Por varias razones, incluida el Acta y otras que le tocan más directamente, Jaime quiere cerrar un acuerdo con el Grupo Marsans. Una de hecho es que así sacralizaría su papel en el entuerto. Otra, que se quiera zafar de un juicio en el CIADI, aunque ese espacio está lleno de demandas de empresas privatizadas contra el Estado argentino.¿Qué duda cabe de que los abogados de los españoles ya se conocen de memoria el Tratado de Protección de las Inversiones firmado por Menem? Está vigente y, entre otras cosas, establece:Que cada parte --para el caso, la Argentina-- "no obstaculizará, mediante medidas injustificadas", la "venta de las inversiones", identificando como tales a las "acciones". O sea, la posibilidad de que Marsans le venda las acciones a un grupo privado si no lo conforma la valuación que fije el Congreso: es lo que pretende.La "nacionalización, expropiación o cualquier otra medida..." deberá "aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública". Y que aun en este caso, deberá pagársele al inversor "una indemnización adecuada, en moneda convertible": previsiblemente, euros o dólares.Y que si existen controversias, el primer paso es buscar una "solución amigable". Si no la hay, puede intervenir un tribunal argentino. Pero si el conflicto subsiste, el tercer paso es que una de las partes --Marsans-- puede acudir a un tribunal arbitral internacional, cuya sentencia será de cumplimiento "obligatorio".Ciertamente, el tribunal arbitral internacional sería el CIADI, así el proceso consuma varios años. Y está visto que si se llega a esa instancia, también hay prevista indemnización para expropiaciones. Nada casual es que un día Jaime diga que la expropiación es una salida probable, y que al siguiente la descarte.La ley de reestatización ya está, aunque deja varias cuestiones abiertas. Pues también siguen vigentes el Acta, igual que el optimismo de Jaime en llegar a un acuerdo con Marsans y los compromisos asumidos con España en el Tratado. Todo muy brumoso. Salvo que el Tribunal de Tasación de la Nación fije un precio aceptable para Marsans. Y que, a instanciasl del oficialismo, el Congreso lo convalide.
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