El Gobierno de Cristina Fernández acuerda la transferencia del 94,6% de las acciones que el grupo español Marsans tiene en la compañía aérea argentina
Aerolíneas Argentinas está a punto de volver a pertenecer al Estado argentino, después de 17 años en manos españolas. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Marsans han llegado durante el fin de semana a un principio de acuerdo para que hoy o mañana se rubrique la transferencia de las acciones que el grupo español tiene en Aerolíneas (94,6%) y en la empresa de vuelos nacionales Austral (97%), según fuentes de ambas partes vinculadas a la negociación.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha intercedido para conseguir que la salida de Marsans, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, fuera ordenada y no intempestiva. Por eso, las partes prefieren no hablar de una "reestatalización" sino de "cesión de acciones".
Hace sólo dos meses, el Gobierno de Fernández de Kirchner impulsaba el ingreso de un socio privado local a Aerolíneas, en una operación que estaba inscrita en el proceso de argentinización de empresas extranjeras, como sucedió a principios de año con parte de la petrolera YPF. Pero la coyuntura ha cambiado muy pronto y ahora será el Estado argentino el que maneje la empresa aérea. Más adelante se definirá si la vuelve a privatizar o queda en manos públicas, como aconteció con otros casos en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).
En mayo, Marsans había firmado una carta de intención para venderle el 36,4% de Aerolíneas al naviero local Juan Carlos López Mena y el 25% al Estado (que ya cuenta con el 5% y planeaba transferir el 10% a los empleados, que ahora tienen sólo el 0,6%). Austral también estaba incluida en la operación. Sin embargo, el arreglo terminó de frustrarse la semana pasada, en momentos en que Aerolíneas, tan afectada por el alza del combustible como otras líneas aéreas del mundo, acumula 150 millones de dólares de pérdidas en lo que va del año.
Aerolíneas no pagó la nómina de junio, y entonces el Gobierno argentino y cinco de los siete sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa se presentaron el pasado jueves ante los tribunales para que la compañía, en proceso de suspensión de pagos desde 2001, fuera intervenida por un juez.
Mientras tanto, un diputado kirchnerista y ex sindicalista, Ariel Basteiro, preparaba un proyecto de ley de reestatalización de la empresa. El viernes, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, declaró en Madrid que la cuestión de Aerolíneas estaba en la agenda bilateral entre España y Argentina. Al mismo tiempo, el gerente financiero de Marsans, Vicente Muñoz, llegó a Buenos Aires para negociar con el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, una salida ordenada de Aerolíneas. Comenzaba a tejerse el posible final de la historia española de la línea aérea de bandera argentina, que en 1991 fue vendida por el Gobierno de Carlos Menem a la entonces estatal Iberia, después pasó a manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entró en crisis terminal en 2001 y acabó ese año en manos del Grupo Marsans.
Díaz Ferrán ha acusado al Gobierno argentino de incumplir a tiempo con las peticiones de subida de tarifas y subsidios al combustible para viajes no rentables en el mercado local, al tiempo que Jaime ha apuntado contra Marsans por incumplir sus compromisos de inversión.
La cesión de acciones de Aerolíneas al Estado argentino no será inmediata sino después de un periodo de 60 o 90 días, durante los que se estudiará el precio de la empresa. El Tribunal de Tasaciones de la Nación argentina hará su valoración, Marsans designará una auditora internacional y ambas partes deberán acordar un veedor independiente. En el grupo español dicen que la empresa no vale sólo según su deuda, que totaliza 740 millones de dólares, aunque sólo 230 millones son ejecutables en la actualidad. El diputado Basteiro opina que el Estado argentino no debería pagar nada por Aerolíneas, dado su elevado pasivo, y tampoco debería volverla a privatizar más adelante.
Durante los dos o tres meses que demore la negociación del precio de Aerolíneas, el directorio de la empresa designará el gerente administrador que proponga el Estado argentino, un asunto que aún se encuentra en discusión.
Hace sólo dos meses, el Gobierno de Fernández de Kirchner impulsaba el ingreso de un socio privado local a Aerolíneas, en una operación que estaba inscrita en el proceso de argentinización de empresas extranjeras, como sucedió a principios de año con parte de la petrolera YPF. Pero la coyuntura ha cambiado muy pronto y ahora será el Estado argentino el que maneje la empresa aérea. Más adelante se definirá si la vuelve a privatizar o queda en manos públicas, como aconteció con otros casos en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).
En mayo, Marsans había firmado una carta de intención para venderle el 36,4% de Aerolíneas al naviero local Juan Carlos López Mena y el 25% al Estado (que ya cuenta con el 5% y planeaba transferir el 10% a los empleados, que ahora tienen sólo el 0,6%). Austral también estaba incluida en la operación. Sin embargo, el arreglo terminó de frustrarse la semana pasada, en momentos en que Aerolíneas, tan afectada por el alza del combustible como otras líneas aéreas del mundo, acumula 150 millones de dólares de pérdidas en lo que va del año.
Aerolíneas no pagó la nómina de junio, y entonces el Gobierno argentino y cinco de los siete sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa se presentaron el pasado jueves ante los tribunales para que la compañía, en proceso de suspensión de pagos desde 2001, fuera intervenida por un juez.
Mientras tanto, un diputado kirchnerista y ex sindicalista, Ariel Basteiro, preparaba un proyecto de ley de reestatalización de la empresa. El viernes, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, declaró en Madrid que la cuestión de Aerolíneas estaba en la agenda bilateral entre España y Argentina. Al mismo tiempo, el gerente financiero de Marsans, Vicente Muñoz, llegó a Buenos Aires para negociar con el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, una salida ordenada de Aerolíneas. Comenzaba a tejerse el posible final de la historia española de la línea aérea de bandera argentina, que en 1991 fue vendida por el Gobierno de Carlos Menem a la entonces estatal Iberia, después pasó a manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entró en crisis terminal en 2001 y acabó ese año en manos del Grupo Marsans.
Díaz Ferrán ha acusado al Gobierno argentino de incumplir a tiempo con las peticiones de subida de tarifas y subsidios al combustible para viajes no rentables en el mercado local, al tiempo que Jaime ha apuntado contra Marsans por incumplir sus compromisos de inversión.
La cesión de acciones de Aerolíneas al Estado argentino no será inmediata sino después de un periodo de 60 o 90 días, durante los que se estudiará el precio de la empresa. El Tribunal de Tasaciones de la Nación argentina hará su valoración, Marsans designará una auditora internacional y ambas partes deberán acordar un veedor independiente. En el grupo español dicen que la empresa no vale sólo según su deuda, que totaliza 740 millones de dólares, aunque sólo 230 millones son ejecutables en la actualidad. El diputado Basteiro opina que el Estado argentino no debería pagar nada por Aerolíneas, dado su elevado pasivo, y tampoco debería volverla a privatizar más adelante.
Durante los dos o tres meses que demore la negociación del precio de Aerolíneas, el directorio de la empresa designará el gerente administrador que proponga el Estado argentino, un asunto que aún se encuentra en discusión.
FUENTE: DIARIO EL PAIS - ESPAÑA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario