El Ministerio de Fomento ha asumido la tramitación como proyecto de ley del decreto ley que regula la organización del trabajo de los controladores aéreos que el Pleno del Congreso convalidará este jueves, lo que permitirá que la oposición pueda introducir modificaciones en el texto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
Esta cesión contrasta con la urgente tramitación de la norma, cuya publicación en el BOE se forzó para el mismo viernes que pasaba por Consejo de Ministros y que se ha elevado al Pleno del Congreso para su convalidación en menos de una semana desde que lo aprobara el Ejecutivo, cuando la previsión legal es de 30 días.
Fuentes parlamentarias explicaron a Europa Press que el ministro de Fomento, José Blanco, cenó anoche con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión del ramo para explicarles la necesidad de que la Cámara Baja dé el visto bueno a la norma, que entró en vigor el mismo viernes, tras su publicación de urgencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Blanco, que ya comunicó personalmente a los portavoces el contenido de la norma el mismo día en que ésta se aprobó, señaló que la urgencia de la norma está justificada por la necesidad de evitar una posible "huelga de celo" de los controladores coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa.
Aunque los grupos de la oposición consideran válidos los argumentos de Blanco, pero todos ellos coincidieron en la necesidad de tramitar la norma como proyecto de ley, algo que según dichas fuentes, Blanco está dispuesto a aceptar, siempre y cuando este proceso concluya antes del próximo mes de julio.
APOYO DEL PNV, CIU Y CC.
El Pleno del Congreso avaló esta tarde la decisión unánime de la Junta de Portavoces de incluir el debate en el orden del día del Pleno del Congreso de esta semana, convirtiendo esta norma en uno de los decretos ley de tramitación más rápida, pues se habría convalidado en menos de una semana, cuando la previsión legal habilita el plazo de un mes para completar la ratificación parlamentaria.
En principio, la convalidación contará con el apoyo de PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria, mientras que desde el PP se asegura que "no se obstaculizará" la aprobación de la norma. Otras formaciones, como ERC, IU, ICV y UPyD oscilan entre el no y la abstención, ya que consideran que la medida supone un "mal precedente" por cuanto supone la modificación por decreto de un convenio colectivo que está en plena negociación.
Y es que el decreto plantea que AENA asume a partir de ahora la organización del trabajo de los controladores, marcando una media máxima anual de jornada de 1.750 horas y un máximo de 80 horas extraordinarias trabajadas al año "en conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores". El departamento que dirige José Blanco podrá designar "nuevos proveedores" para los servicios de navegación aérea "siempre que se encuentren debidamente certificados por una autoridad nacional de supervisión de un Estado miembro de la UE".
Los servicios del tránsito aéreo y control de aproximación continuarán prestándose directamente a través de AENA, pero el Ministerio de Fomento queda encargado de designar a proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo de aeropuerto, lo que se hará a propuesta del gestor aeroportuario. Es decir, que AENA podrá adjudicar a concurso la gestión de las torres de control a empresas privadas.
REDUCIR RETRIBUCIONES VARIABLES EN UN 25%.
El Gobierno calcula que el decreto ley permitirá una reducción del coste salarial de los controladores de 215 millones de euros hasta 2012, desde los 780 millones de 2009, lo que permitirá una reducción de las tarifas de ruta de diez euros a partir de ese año.
En la memoria económica de la norma, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo concreta su objetivo de reducir en más de un 25% hasta 2014 las retribuciones variables, incluyendo las horas extra, que perciben los controladores.
El objetivo de Fomento con este recorte en gastos salariales es impulsar una rebaja de la tarifa de ruta desde los 82 euros de media actuales hasta situarla en 78 euros en 2011 y en 72 euros en 2012, 2013 y 2014, para lo que buscará una reducción de costes salariales derivados de los controladores desde los 780 millones de 2009.
Fuente: www.eleconomista.es
Esta cesión contrasta con la urgente tramitación de la norma, cuya publicación en el BOE se forzó para el mismo viernes que pasaba por Consejo de Ministros y que se ha elevado al Pleno del Congreso para su convalidación en menos de una semana desde que lo aprobara el Ejecutivo, cuando la previsión legal es de 30 días.
Fuentes parlamentarias explicaron a Europa Press que el ministro de Fomento, José Blanco, cenó anoche con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión del ramo para explicarles la necesidad de que la Cámara Baja dé el visto bueno a la norma, que entró en vigor el mismo viernes, tras su publicación de urgencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Blanco, que ya comunicó personalmente a los portavoces el contenido de la norma el mismo día en que ésta se aprobó, señaló que la urgencia de la norma está justificada por la necesidad de evitar una posible "huelga de celo" de los controladores coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa.
Aunque los grupos de la oposición consideran válidos los argumentos de Blanco, pero todos ellos coincidieron en la necesidad de tramitar la norma como proyecto de ley, algo que según dichas fuentes, Blanco está dispuesto a aceptar, siempre y cuando este proceso concluya antes del próximo mes de julio.
APOYO DEL PNV, CIU Y CC.
El Pleno del Congreso avaló esta tarde la decisión unánime de la Junta de Portavoces de incluir el debate en el orden del día del Pleno del Congreso de esta semana, convirtiendo esta norma en uno de los decretos ley de tramitación más rápida, pues se habría convalidado en menos de una semana, cuando la previsión legal habilita el plazo de un mes para completar la ratificación parlamentaria.
En principio, la convalidación contará con el apoyo de PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria, mientras que desde el PP se asegura que "no se obstaculizará" la aprobación de la norma. Otras formaciones, como ERC, IU, ICV y UPyD oscilan entre el no y la abstención, ya que consideran que la medida supone un "mal precedente" por cuanto supone la modificación por decreto de un convenio colectivo que está en plena negociación.
Y es que el decreto plantea que AENA asume a partir de ahora la organización del trabajo de los controladores, marcando una media máxima anual de jornada de 1.750 horas y un máximo de 80 horas extraordinarias trabajadas al año "en conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores". El departamento que dirige José Blanco podrá designar "nuevos proveedores" para los servicios de navegación aérea "siempre que se encuentren debidamente certificados por una autoridad nacional de supervisión de un Estado miembro de la UE".
Los servicios del tránsito aéreo y control de aproximación continuarán prestándose directamente a través de AENA, pero el Ministerio de Fomento queda encargado de designar a proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo de aeropuerto, lo que se hará a propuesta del gestor aeroportuario. Es decir, que AENA podrá adjudicar a concurso la gestión de las torres de control a empresas privadas.
REDUCIR RETRIBUCIONES VARIABLES EN UN 25%.
El Gobierno calcula que el decreto ley permitirá una reducción del coste salarial de los controladores de 215 millones de euros hasta 2012, desde los 780 millones de 2009, lo que permitirá una reducción de las tarifas de ruta de diez euros a partir de ese año.
En la memoria económica de la norma, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo concreta su objetivo de reducir en más de un 25% hasta 2014 las retribuciones variables, incluyendo las horas extra, que perciben los controladores.
El objetivo de Fomento con este recorte en gastos salariales es impulsar una rebaja de la tarifa de ruta desde los 82 euros de media actuales hasta situarla en 78 euros en 2011 y en 72 euros en 2012, 2013 y 2014, para lo que buscará una reducción de costes salariales derivados de los controladores desde los 780 millones de 2009.
Fuente: www.eleconomista.es
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