Buenos Aires, 25 ago (EFE).- La opositora Unión Cívica Radical (UCR) anunció hoy que ampliará la denuncia penal contra el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, por presunto incumplimiento de los deberes del funcionario público y otros delitos que habrían llevado a la crisis de Aerolíneas Argentinas.
Los radicales Alejandro Nieva, diputado, y Ernesto Sanz, senador, presentarán este martes un escrito ante la Justicia en el que acusan a Jaime de haber cometido serías irregularidades al firmar un acta con el grupo español Marsans.
El pasado 17 de julio el Gobierno de Argentina llegó a un acuerdo con el español Grupo Marsans para traspasar Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral a manso del Estado argentino.
Según los denunciantes, ese acuerdo viola la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y constituye un "delito de abuso de autoridad".
"Existen una serie de pasos previos a seguir a la hora de firmar un acta de este tipo, que son condición necesaria para la validez del acto. Uno de estos pasos es la existencia de un dictamen jurídico, entre otros", explicó a la prensa Nieva, vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.
El diputado señaló que los dictámenes jurídicos permiten "certificar que, previo a la toma de decisión del Poder Ejecutivo, se proteja el interés público y no, como en este caso, el interés de los empresarios de Marsans".
"Así también, habiendo tomado vista del expediente que originó el acta de acuerdo, nuestra intención es hoy probar que Jaime incurrió en los delitos de abuso de autoridad y defraudación. Asimismo, estamos trabajando en la impugnación del acta por nula, para que ningún argentino tenga que hacerse cargo de una deuda que no le pertenece", dijo Nieva.
Los parlamentarios solicitarán, además, a la Justicia que ordene medidas cautelares para que Jaime y el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, se abstengan de continuar con la ejecución del acta de acuerdo suscrita con Marsans "por ser ilegítima".
Hace dos semanas, los radicales habían presentado una denuncia contra Aircomet (Marsans) por supuesta "administración fraudulenta" y "vaciamiento" de Aerolíneas, y contra Jaime por presunto "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, defraudación y malversación de caudales públicos".
El acta en cuestión estipula que Marsans traspasará al Estado argentino el 94,41 por ciento de las acciones de Aerolíneas Argentinas y el 97 por ciento de Austral.
Con ese acuerdo se abrió un período de dos meses en el que se efectuará una auditoría interna para determinar el precio de las acciones que serán transferidas al Estado argentino, que ya posee una participación del 5 por ciento en Aerolíneas.
Un consejo de transición administra las dos empresas, mientras confecciona el estado de resultados durante estos 60 días, hasta que se complete la transferencia accionarial, proceso que el Gobierno busca convalidar en el Parlamento.
La Cámara de Diputados aprobó ya la iniciativa oficial, pero excluyó del proyecto original el artículo que incluía un visto bueno legislativo al acta de acuerdo.
El proyecto debe ser ahora debatido en el Senado.
Aerolíneas Argentinas tiene deudas por 890 millones de dólares y pierde cerca de un millón de dólares diarios, además de tener la mitad de su flota averiada.
Los radicales Alejandro Nieva, diputado, y Ernesto Sanz, senador, presentarán este martes un escrito ante la Justicia en el que acusan a Jaime de haber cometido serías irregularidades al firmar un acta con el grupo español Marsans.
El pasado 17 de julio el Gobierno de Argentina llegó a un acuerdo con el español Grupo Marsans para traspasar Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral a manso del Estado argentino.
Según los denunciantes, ese acuerdo viola la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y constituye un "delito de abuso de autoridad".
"Existen una serie de pasos previos a seguir a la hora de firmar un acta de este tipo, que son condición necesaria para la validez del acto. Uno de estos pasos es la existencia de un dictamen jurídico, entre otros", explicó a la prensa Nieva, vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.
El diputado señaló que los dictámenes jurídicos permiten "certificar que, previo a la toma de decisión del Poder Ejecutivo, se proteja el interés público y no, como en este caso, el interés de los empresarios de Marsans".
"Así también, habiendo tomado vista del expediente que originó el acta de acuerdo, nuestra intención es hoy probar que Jaime incurrió en los delitos de abuso de autoridad y defraudación. Asimismo, estamos trabajando en la impugnación del acta por nula, para que ningún argentino tenga que hacerse cargo de una deuda que no le pertenece", dijo Nieva.
Los parlamentarios solicitarán, además, a la Justicia que ordene medidas cautelares para que Jaime y el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, se abstengan de continuar con la ejecución del acta de acuerdo suscrita con Marsans "por ser ilegítima".
Hace dos semanas, los radicales habían presentado una denuncia contra Aircomet (Marsans) por supuesta "administración fraudulenta" y "vaciamiento" de Aerolíneas, y contra Jaime por presunto "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, defraudación y malversación de caudales públicos".
El acta en cuestión estipula que Marsans traspasará al Estado argentino el 94,41 por ciento de las acciones de Aerolíneas Argentinas y el 97 por ciento de Austral.
Con ese acuerdo se abrió un período de dos meses en el que se efectuará una auditoría interna para determinar el precio de las acciones que serán transferidas al Estado argentino, que ya posee una participación del 5 por ciento en Aerolíneas.
Un consejo de transición administra las dos empresas, mientras confecciona el estado de resultados durante estos 60 días, hasta que se complete la transferencia accionarial, proceso que el Gobierno busca convalidar en el Parlamento.
La Cámara de Diputados aprobó ya la iniciativa oficial, pero excluyó del proyecto original el artículo que incluía un visto bueno legislativo al acta de acuerdo.
El proyecto debe ser ahora debatido en el Senado.
Aerolíneas Argentinas tiene deudas por 890 millones de dólares y pierde cerca de un millón de dólares diarios, además de tener la mitad de su flota averiada.
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