El grupo español cederá las acciones y el Gobierno impulsará una ley de nacionalización
FOTO: CHELO
El grupo Marsans, dueño de Aerolíneas Argentinas y Austral, ya resolvió irse del país. El Estado se quedará con las dos compañías aéreas. Desde hoy, empezarán a discutir el valor de las acciones y el modo en que se hará la transacción. Pero ambas decisiones son irreversibles. La información fue dada anoche a LA NACION por fuentes de ambos lados de la negociación. Se trata de una vieja pretensión de la administración kirchnerista, que ya logró participación estatal en sectores como el Correo, los aeropuertos, el servicio de agua potable y los servicios ferroviarios (ver aparte). Para normalizar las operaciones aéreas, se deberán desembolsar unos US$ 100 millones.
El Poder Ejecutivo mandará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley de nacionalización. Si el Gobierno se pone de acuerdo con la empresa en las condiciones generales de la operación, será sólo un trámite que deberá tratar la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones: habrá que modificar las condiciones del pliego, que aseguraron en su momento que el Estado no volvería a comprar la compañía. Si no hay acuerdo, el proyecto se enviará, pero con términos propios de una expropiación.
En la Casa Rosada se cuidan de no decir palabras que recuerden a Hugo Chávez. "Nunca vamos a hablar de expropiación", dijo a LA NACION un funcionario. En la intimidad, en cambio, se reconoce que se trata de eso. Algunos miembros del Poder Ejecutivo se resisten todavía al proceso y dicen que, en rigor, lo que se hará es buscarle a la firma un comprador. Pero reconocen que será difícil interesar a alguien. Lo admitió en voz baja un hombre del Gobierno: "Aerolíneas es una gorda fea: hay que ponerla linda para conseguirle novio".
La pelea empezará hoy, con reuniones de las que participarán, por el Estado argentino, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Por la empresa, el presidente del directorio, Horacio Fargosi, y el gerente financiero corporativo del grupo Marsans, Víctor Muñoz, un español enviado por los accionistas Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán.
Ayer volvió a ser otro día complicado para las operaciones de la línea aérea, con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos (ver Información General).
Pascual y Díaz Ferrán seguían anoche en España y no piensan volver a la Argentina. Están con bronca y dicen, en reuniones reservadas, que el grupo fue expulsado del país. Ya tienen decidido vender la empresa, que representa apenas un 11% de la facturación de Marsans. Lo terminaron de resolver, en rigor, hace algunos días, cuando no consiguieron que los bancos Nación y Galicia les dieran los créditos con que venían pagando los salarios desde hacía varios meses. Aerolíneas se peleó con los bancos. La historia tiene versiones distintas de cada lado.
La empresa se queja de que se le haya cortado el financiamiento justo en momentos en que sus condiciones económicas habían mejorado: poco después de haber recibido el aumento tarifario del Gobierno. A pesar de todo, dicen los españoles, los bancos pidieron más garantías y no se conformaron con las presentadas por la compañía. Advierten, entonces, aquí, parte de un supuesto complot encabezado por el Gobierno, que presionó tanto a los bancos como a los gremios.
Desde el sector financiero dicen otra cosa. Explican que, en realidad, los préstamos eran a la Secretaría de Transporte, no a la empresa, y era esa dependencia la que pagaba los salarios desde comienzos de año.
Según esta versión, Marsans les pidió hace poco más de un mes a los bancos que le dieran el crédito directamente a la compañía. Lo rechazaron, dicen, por dos razones: las garantías no convencían y quisieron, además, evitar un conflicto con la secretaría que conduce Ricardo Jaime.
Ambas versiones terminan en lo mismo: Aerolíneas se quedó sin fondos para pagar los sueldos de junio, que cubrió el Estado. En seguida, como casi siempre en los últimos meses, sobrevinieron las protestas sindicales, las cancelaciones de vuelos y las quejas de los pasajeros.
Las negociaciones entre el Gobierno y la empresa tuvieron un fuerte choque en la tarde del viernes, en los despachos de Zannini y de Jaime. Zannini es, desde los tiempos de Santa Cruz, el cerebro jurídico del kirchnerismo. Desde el Gobierno se le exigió a la compañía que, en el documento conjunto de transacción, explicara que decidía vender por las dificultades que enfrentaba el grupo. Marsans, en cambio, quiere sólo un documento de venta comercial.
La firma del acuerdo debe incluir la cesión de todas las acciones al Estado, incorporar una comisión conjunta para discutir el valor (con dos directores por cada parte) y designar un director ejecutivo para la empresa.
El valor de la compañía podría determinarse en un plazo de entre dos y tres meses. Intervendrán un tribunal de tasación, un grupo privado que elegirá Marsans y, si persiste la discusión, un veedor neutral.
La contienda más escabrosa será por el valor de Aerolíneas. La empresa dice que tiene una deuda vencida de US$ 200 millones; el Gobierno, en cambio, incluye la deuda contraída hacia el futuro con lo que se les debe pagar a las empresas que le alquilan los aviones: eso llevaría el pasivo a más de US$ 800 millones. Austral, en cambio, tiene un proceso más sencillo porque no está concursada. En el sector aeronáutico estiman su valor en unos US$ 400 millones.
240 millones de dólares
Es la deuda de Aerolíneas, según su dueño español.
890 millones de dólares
Es la deuda calculada por el gobierno argentino.
400 millones de dólares
Es el valor en el que, se calcula, podría venderse Austral.
Por Francisco Olivera De la Redacción de LA NACION
El Poder Ejecutivo mandará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley de nacionalización. Si el Gobierno se pone de acuerdo con la empresa en las condiciones generales de la operación, será sólo un trámite que deberá tratar la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones: habrá que modificar las condiciones del pliego, que aseguraron en su momento que el Estado no volvería a comprar la compañía. Si no hay acuerdo, el proyecto se enviará, pero con términos propios de una expropiación.
En la Casa Rosada se cuidan de no decir palabras que recuerden a Hugo Chávez. "Nunca vamos a hablar de expropiación", dijo a LA NACION un funcionario. En la intimidad, en cambio, se reconoce que se trata de eso. Algunos miembros del Poder Ejecutivo se resisten todavía al proceso y dicen que, en rigor, lo que se hará es buscarle a la firma un comprador. Pero reconocen que será difícil interesar a alguien. Lo admitió en voz baja un hombre del Gobierno: "Aerolíneas es una gorda fea: hay que ponerla linda para conseguirle novio".
La pelea empezará hoy, con reuniones de las que participarán, por el Estado argentino, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Por la empresa, el presidente del directorio, Horacio Fargosi, y el gerente financiero corporativo del grupo Marsans, Víctor Muñoz, un español enviado por los accionistas Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán.
Ayer volvió a ser otro día complicado para las operaciones de la línea aérea, con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos (ver Información General).
Pascual y Díaz Ferrán seguían anoche en España y no piensan volver a la Argentina. Están con bronca y dicen, en reuniones reservadas, que el grupo fue expulsado del país. Ya tienen decidido vender la empresa, que representa apenas un 11% de la facturación de Marsans. Lo terminaron de resolver, en rigor, hace algunos días, cuando no consiguieron que los bancos Nación y Galicia les dieran los créditos con que venían pagando los salarios desde hacía varios meses. Aerolíneas se peleó con los bancos. La historia tiene versiones distintas de cada lado.
La empresa se queja de que se le haya cortado el financiamiento justo en momentos en que sus condiciones económicas habían mejorado: poco después de haber recibido el aumento tarifario del Gobierno. A pesar de todo, dicen los españoles, los bancos pidieron más garantías y no se conformaron con las presentadas por la compañía. Advierten, entonces, aquí, parte de un supuesto complot encabezado por el Gobierno, que presionó tanto a los bancos como a los gremios.
Desde el sector financiero dicen otra cosa. Explican que, en realidad, los préstamos eran a la Secretaría de Transporte, no a la empresa, y era esa dependencia la que pagaba los salarios desde comienzos de año.
Según esta versión, Marsans les pidió hace poco más de un mes a los bancos que le dieran el crédito directamente a la compañía. Lo rechazaron, dicen, por dos razones: las garantías no convencían y quisieron, además, evitar un conflicto con la secretaría que conduce Ricardo Jaime.
Ambas versiones terminan en lo mismo: Aerolíneas se quedó sin fondos para pagar los sueldos de junio, que cubrió el Estado. En seguida, como casi siempre en los últimos meses, sobrevinieron las protestas sindicales, las cancelaciones de vuelos y las quejas de los pasajeros.
Las negociaciones entre el Gobierno y la empresa tuvieron un fuerte choque en la tarde del viernes, en los despachos de Zannini y de Jaime. Zannini es, desde los tiempos de Santa Cruz, el cerebro jurídico del kirchnerismo. Desde el Gobierno se le exigió a la compañía que, en el documento conjunto de transacción, explicara que decidía vender por las dificultades que enfrentaba el grupo. Marsans, en cambio, quiere sólo un documento de venta comercial.
La firma del acuerdo debe incluir la cesión de todas las acciones al Estado, incorporar una comisión conjunta para discutir el valor (con dos directores por cada parte) y designar un director ejecutivo para la empresa.
El valor de la compañía podría determinarse en un plazo de entre dos y tres meses. Intervendrán un tribunal de tasación, un grupo privado que elegirá Marsans y, si persiste la discusión, un veedor neutral.
La contienda más escabrosa será por el valor de Aerolíneas. La empresa dice que tiene una deuda vencida de US$ 200 millones; el Gobierno, en cambio, incluye la deuda contraída hacia el futuro con lo que se les debe pagar a las empresas que le alquilan los aviones: eso llevaría el pasivo a más de US$ 800 millones. Austral, en cambio, tiene un proceso más sencillo porque no está concursada. En el sector aeronáutico estiman su valor en unos US$ 400 millones.
240 millones de dólares
Es la deuda de Aerolíneas, según su dueño español.
890 millones de dólares
Es la deuda calculada por el gobierno argentino.
400 millones de dólares
Es el valor en el que, se calcula, podría venderse Austral.
Por Francisco Olivera De la Redacción de LA NACION
No hay comentarios.:
Publicar un comentario